Desde un tweet anónimo que degrada a una persona con el objetivo de censurarla hasta la filtración de un video con imágenes íntimas de alguna ex pareja que no supo canalizar maduramente el dolor, ambos constituyen ataques y violencia pero en un nuevo campo de batalla: el entorno digital.
Al menos 461 personas en siete países de la región, entre ellos Panamá, dijeron haber sido víctimas de violencia digital al menos una vez en su vida. Otras 549 reportaron sufrirla entre una y tres veces por año.
Los datos son fruto de una encuesta regional que realizó IPANDETEC a 1,358 personas dispersadas en Guatemala, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá. La data completa puede navegarla aquí.
De Panamá participaron 178 personas. Del total, 75 reportaron haber sufrido algún tipo de violencia digital al menos una vez en su vida, mientras que otras 68 dijeron experimentarla ente una y tres veces en promedio por año. Por otro lado, 22 personas contestaron que reciben al menos un ataque al mes y otras ocho lo sufren semanalmente. Otras cinco personas reportaron ataques diarios, inclusive.
Entre los ataques que reportaron los afectados en Panamá, que incluyen mujeres, hombres, transgéneros, personas no binarias y no auto-identificadas, están el acceso, uso, control, manipulación y/o publicación de información privada y datos personales (en Panamá, 12 personas lo sufrieron al menos una vez); acoso sexual (19 lo experimentaron al menos una vez) y acoso y hostigamiento, igualmente 19 personas lo vivieron al menos una vez.
Otras violencias reportadas recogen afectaciones a canales de expresión y/o ataques coordinados, amenazas en línea, desprestigio en línea, difusión de contenido íntimo sin consentimiento, explotación sexual facilitada por tecnologías, expresiones discriminatorias y/o discurso de odio y extorsión en línea.
La violencia digital también tiene cara de mujer
La mayoría de quienes participaron en el sondeo voluntario que impulsó IPANDETEC son mujeres: 68.18% de la muestra a nivel regional y 80.89% de la muestra en Panamá. Un sesgo que automáticamente arroja que la mayoría de las víctimas son mujeres. Sin embargo, que hayan sido en su mayoría mujeres quienes hayan aceptado llenar la encuesta dice mucho más.
Eso, y otros estudios contundentes. Por ejemplo, el monitoreo de violencia política digital que también realizó IPANDETEC en Honduras y Costa Rica en el marco de las últimas elecciones en esos países, concluyó que si bien estos procesos electorales contaron con mayor participación de candidatas, la llegada de más mujeres a los congresos e incluso la elección de la primera mujer presidenta en Honduras “la violencia política de género continúa manifestándose y el espacio digital es un escenario con constantes agresiones, en un contexto donde las redes sociales son plataformas propicias para compartir ideas y generar debate, pero ante la hostilidad muchas mujeres deciden reducir su participación en ellas”.
En el monitoreo se encontró también que las candidatas más atacadas eran aquellas con mayores niveles de exposición pública, sin distinción de su ubicación en el espectro político ideológico, y que los ataques se condensaban en sus vidas personales, en detalles o rumores de sus vidas privadas o su relación con otras personas, en su mayoría hombres.
Panamá no es la excepción. Un amplio estudio que llevó a cabo el Tribunal Electoral en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) revela que la violencia contra las mujeres en la política no se limita a los procesos electorales, sino que nace desde la exclusión histórica de las mujeres y persiste aun cuando las mujeres logran llegar a los cargos públicos. “La desigual división del ámbito privado y público tradicionalmente otorgó a los hombres la titularidad de la representación y el poder en los sistemas políticos y de gobierno, reproduciendo rasgos patriarcales y prácticas machistas que, a lo largo de la historia, habían excluido a las mujeres de la esfera pública” (TE, PNUD, p. 36).
En consecuencia, según el estudio del TE y el PNUD, definen la violencia política como cualquier acto que impida el ejercicio de los derechos de las mujeres. Y también marcan una clara diferencia entre un ataque exclusivo por las ideas políticas de las mujeres –que no es violencia política de género – de los actos que premeditadamente “buscan socavar o negar la competencia en la vida política, cuando se le ataca con estereotipos de género, enfocándose en sus cuerpos y sus roles tradicionales, principalmente como madres y esposas y, cuando se apela al prejuicio de su inferioridad por ser mujeres… el uso de los estereotipos en la política se convierte en violencia contra las mujeres... los estereotipos tienen un profundo impacto puesto que no están dirigidos contra una sola mujer, sino que pretenden intimidar a todas las mujeres”.
Aceptarlo es el primer paso. Los estados deben reconocer los riesgos de la violencia digital y política contra todos y todas, pero especialmente contra las mujeres, quienes históricamente son las más afectadas, tanto en número como en gravedad. Este mes finalizan los 16 días del activismo contra la violencia de género, lo que representa un atinado momento para recordarle a las autoridades las recomendaciones que previamente ha planteado IPANDETEC en sus informes: que los países centroamericanos deben reconocer la violencia política y la violencia digital basada en género como formas de violencia contra las mujeres, establecer políticas públicas, leyes y protocolos que de orientación y sanción cuando se den los actos, sancionar a las y los perpetradores, sincronizar la legislación nacional a los estándares de derechos humanos internacionales, adoptar protocolos contra la violencia política de género, capacitar a las autoridades que deben ejecutar los lineamientos, educar a toda la población sobre el tema, apoyar a las organizaciones que luchen contra estos tipos de violencia y publicar las estadísticas de denuncias de violencia digital y política para proponer soluciones basadas en dichas estadísticas.
Rekha Chandiramani: Periodista panameña. Fundadora de Con las manos en la data, sitio de periodismo investigativo y de datos. Fue editora de Economía y Web en el diario La Estrella de Panamá y corresponsal de la revista regional Mercados & Tendencias. Su trabajo ha sido publicado en medios panameños como La Prensa, TVN, El Periódico, Portada y Tacita C3, e internacionalmente en CONNECTAS y Aristegui Noticias.
Es miembro del CONNECTAShub; fue becaria en 2019 del programa Abriendo Datos Panamá del International Center For Journalists (ICFJ) y fellow del programa de periodismo investigativo Edward Murrow en el año 2020. En 2022 obtuvo en coautoría con Ana Teresa Benjamín, el primer lugar en la categoría de periodismo escrito de los Premios de Periodismo para la Niñez y la adolescencia UNICEF-Celap.