En los últimos meses, Panamá ha dado pasos significativos hacia la protección de los derechos de las víctimas de violencia digital, impulsando el anteproyecto de ley 61 que “modifica y adiciona artículos al Código Penal, al Código Procesal Penal y a la Ley 11 de 2015, sobre asistencia jurídica internacional en materia penal, y dicta otras disposiciones respecto a medidas contra la ciberdelincuencia”, inspirado en la “Ley Olimpia” de México. Este conjunto de reformas legislativas busca sancionar la difusión no consensuada de material íntimo a través de medios digitales, abordando un vacío legal que ha dejado desprotegidas a numerosas personas, en especial mujeres, ante el creciente uso de internet y las redes sociales como herramientas para perpetuar la violencia sexual.
El anteproyecto de ley 61, impulsado por la diputada Yarelis Rodríguez, la diputada Ariana Cobel y el procurador de la Nación Javier Caraballo, propone sanciones de cárcel para quienes compartan contenido sexual sin el consentimiento de la persona involucrada. La propuesta ha generado un debate amplio, reconociendo que la legislación es solo una parte de la solución, pero no la única. La legislación debe ir de la mano con campañas de sensibilización y programas educativos que promuevan la importancia del consentimiento y el respeto a la privacidad.
El Instituto Panamericano de Derecho y Tecnología (IPANDETEC) compartió aportes importantes para el desarrollo y modificación del escrito original, el cual siguió su curso en la Asamblea Nacional hasta ahora ser aprobada en tercer debate, en espera de la ratificación por parte del Ejecutivo.
La Ley Olimpia, originaria de México y ahora adaptada en varias legislaciones latinoamericanas, fue un punto clave en el primer debate y segundo debate en la Asamblea Nacional por la activista mexicana Olimpia Coral Melo Cruz. Melo, quien fue víctima de ciberviolencia, explicó que este marco legal no solo protege a menores de edad, sino también a personas adultas, enfrentando la creciente amenaza de la inteligencia artificial utilizada para manipular y difundir contenido íntimo sin autorización.
El anteproyecto de ley 61 busca llenar un vacío legal que actualmente permite que los agresores exploten la vulnerabilidad de las víctimas, ya que no existía un mecanismo específico para castigar la violencia sexual digital en Panamá. La aprobación en tercer debate, con 47 votos a favor y sin abstenciones, marca un hito en el país. Esta legislación se suma a las de otros países latinoamericanos que han reconocido la urgencia de abordar los ciberdelitos sexuales.
La violencia digital es una realidad que afecta tanto a hombres como a mujeres, y aunque las leyes pueden castigar a los responsables, la prevención empieza con la educación integral. En Panamá, iniciativas educativas y de sensibilización serán clave para que este anteproyecto tenga el impacto esperado. Es necesario enseñar a las nuevas generaciones la importancia de respetar la intimidad de los demás, tanto en el mundo físico como en el digital. Al mismo tiempo, se debe concientizar a la población sobre los riesgos de la ciberviolencia y cómo identificar y reportar estos delitos.
Con la aprobación del anteproyecto de ley 61 sobre ciberdelincuencia, Panamá se posicionará como el tercer país en América Latina en contar con una legislación específica que sanciona la violación de la intimidad sexual a través de medios digitales. Aunque aún queda mucho por hacer, este avance representa un paso importante en la protección de los derechos de las personas en el entorno digital.
Una vez sea ley, el reto es implementar efectivamente sus disposiciones, y así garantizar que se realicen campañas de concientización, y continuar educando a la sociedad para que la violencia digital sea vista como lo que es: una forma grave de agresión que no debe ser tolerada bajo ninguna circunstancia. Con la ley en marcha y un enfoque integral en la educación, Panamá puede seguir avanzando hacia una sociedad más justa y respetuosa, tanto en el mundo digital como en el real.